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En los últimos días, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha intensificado su supervisión de las operaciones internacionales, en relación con el cumplimiento de las obligaciones en materia de Precios de Transferencia (PTR). La Agencia ha estado enviando notificaciones a los contribuyentes informándoles sobre la detección de indicios sobre operaciones internacionales que podrían estar alcanzadas por las regulaciones de PTR.
El pasado 18 de junio de 2021 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General de la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) 5.010/2021 (“RG 5.010”), aplicable a ejercicios fiscales con cierre 31 de diciembre de 2020 inclusive, en adelante, cuyo principal propósito es establecer la implementación de un Régimen Simplificado de Operaciones Internacionales (“Régimen Simplificado”), y prorrogar por 3 (tres) meses los vencimientos de Precios de Transferencia (“PTR”), moviendo los mismos a fines de septiembre próximo.
En el marco de la adecuación de la normativa argentina a estándares internacionales, de acuerdo al documento emitido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”) en el año 2015, donde se detalla un exhaustivo plan de acción para evitar la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, conocido por sus siglas en inglés (“BEPS”), la Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) pone rigor al cumplimiento de la Resolución General 4130-E/2017 (“RG 4130”), a través de intimaciones y requerimientos a los contribuyentes por falta de cumplimiento de dicho régimen informativo.
El pasado viernes 30 de abril, AFIP informó que prorroga de forma excepcional el vencimiento de la presentación de las obligaciones previstas en el Régimen de Precios de Transferencia establecido por la Resolución General N° 4717/2020 para los ejercicios cerrados entre el 31 de diciembre 2020 y el 31 de diciembre de 2021.
La decisión, que será reglamentada en las próximas semanas, otorgará tres meses adicionales a los contribuyentes que enfrentaban a partir de junio los vencimientos del Estudio de Precios de Transferencia y del Formulario 2668.
Asimismo, desde el organismo informaron que esta medida obedece a la situación particular del contexto mundial por la pandemia de COVID-19, y las dificultades que se presentan en los análisis de comparabilidad del sujeto local con sujetos independientes.
En 2017, a través de la Ley 27.430, se introdujeron modificaciones en la Ley de Impuesto a las Ganancias (LIG), entre las cuales se incorporó el artículo 20 (t.o. por Decreto 824/19), en el que se dispone:
“A todos los efectos previstos en esta ley, cualquier referencia efectuada a “jurisdicciones de baja o nula tributación”, deberá entenderse referida a aquellos países, dominios, jurisdicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales que establezcan una tributación máxima a la renta empresaria inferior al sesenta por ciento (60%) de la alícuota contemplada en el inciso a) del artículo 73 de esta ley.”
La tasa a la que se hace referencia en el artículo 73 del texto ordenado de la LIG es del 25%. A su vez, el Decreto 862/2019, reglamentario de la LIG, en su artículo 25 establece:
“A los fines de determinar el nivel de imposición al que alude el artículo 20 de la ley, deberá considerarse la tasa total de tributación, en cada jurisdicción, que grave la renta empresaria, con independencia de los niveles de gobierno que las hubieren establecido.
Por “régimen tributario especial” se entenderá toda regulación o esquema específico que se aparte del régimen general de imposición a la renta corporativa vigente en ese país y que dé por resultado una tasa efectiva inferior a la establecida en el régimen general”.
De acuerdo con lo expuesto, y habiendo establecido el marco normativo en el que se apoya la definición de País o Jurisdicción de Baja o Nula Tributación (PJBNT), se puede concluir que califican como tal, aquellos cuya alícuota a la renta empresaria sea inferior al 15%, habiendo determinado dicho límite por aplicación del 60% sobre la tasa del 25% (tasa del Impuesto a las Ganancias aplicable según artículo 73, inciso a), LIG), ya sea que se trate de un nivel jurisdiccional inferior al nacional, o un régimen de tributación especial por tipo societario, por tipo o nivel de actividad, por ubicación, entre otros.
En consecuencia, queda del lado del contribuyente comprobar o indagar acerca de la tasa de impuesto a la renta aplicable en las jurisdicciones con las que opera, y por tanto dilucidar si le corresponderá dar cumplimiento a las obligaciones de cumplimiento en materia de precios de transferencia.
Determinar la tasa efectiva de tributación de ciertos países o jurisdicciones resulta ser muchas veces una odisea, ya que ante la falta de información pública se recurre a caminos como solicitar apoyo a clientes o proveedores con los que no se tiene relación, sumado a la carga burocrática que esto conlleva, o bien a la falta de respuesta en muchas oportunidades. A su vez, dejar esta responsabilidad en manos del contribuyente puede llevar a omitir considerar a ciertas jurisdicciones como de baja o nula tributación, ante casos por ejemplo donde se presentan dificultades con el lenguaje del país de la contraparte, o bien la existencia de países o jurisdicciones con diversidad de tasas dentro del mismo territorio, entre otras complejidades.
Hasta el momento, si bien ha trascendido que AFIP emitirá una Instrucción General para uso interno con el listado de PJBNT, los contribuyentes y profesionales en la materia esperaríamos la publicación de un listado exhaustivo de PJBNT que extinga la incertidumbre existente al respecto y a la vez permita desarrollar mejores prácticas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Desde hace ya unos días, AFIP ha comenzado una amplia campaña de requerimientos a contribuyentes por el cumplimiento de dos Regímenes de Información relativos a Grupos de Entidades Multinacionales (GEMN). Se trata, por un lado, del Registro de Sujetos Vinculados, y por el otro, del Régimen Informativo para entidades que son parte de un GEMN.
En cuanto al Registro de Sujetos vinculados, se trata de un régimen de información que había sido implementado por AFIP en el año 2013 (Resolución General “RG” AFIP 3572/2013) con dos capítulos. El Capítulo I consistía en un servicio web creado para empadronar a todos los sujetos vinculados locales o del exterior respecto del sujeto argentino (“el Registro”); mientras que el Capítulo II solicitaba reportar las transacciones entre sujetos vinculados locales, tanto al prestador como al prestatario, a través de una declaración jurada mensual (F.4502).
Si bien este régimen de información se encontraba vigente, muchos contribuyentes optaban por no presentarlo, dada la excesiva carga de trabajo que representaba, a punto tal que el reporte de transacciones entre sujetos locales (Capítulo II) quedó de algún modo en desuso, y fue finalmente derogado por AFIP en 2019. Luego de esta modificación, únicamente continuaron vigentes las obligaciones de empadronamiento establecidas en el Capítulo I, así como también las de mantener al día el Registro, debiendo reportar dentro del plazo de 10 días de ocurrido, cualquier evento que configure un cambio relativo a los sujetos vinculados locales o del exterior ya informados, como ser la aparición de nuevas vinculaciones por reestructuraciones societarias.
El Registro volvió a cobrar relevancia a partir de que el nuevo marco regulatorio del régimen Precios de Transferencia tras la sanción de la RG AFIP 4717/2020, donde la carga de sujetos al formulario de DJ anual F.2668 es absorbida de forma automática desde el Registro, obligando de este modo a mantenerlo necesariamente actualizado.
Con relación al Régimen Informativo para contribuyentes que pertenecen a un GEMN, el mismo se encuentra vigente desde 2017, de acuerdo a la RG AFIP 4130-E/2017, y requiere que los contribuyentes locales que tengan la condición de pertenecer a un GEMN, informen quién es su última entidad controlante (“UEC”), ingresos consolidados del grupo y otros datos formales respecto de dicha entidad.
Adicionalmente, la mencionada RG también regula la presentación de los Informes País por País, alineando a la Argentina a los estándares internacionales surgidos del Plan BEPS[1] de la OCDE[2].
En este sentido, la mirada de las autoridades fiscales a nivel mundial se corre cada vez más del contribuyente individual y se hace foco en el grupo multinacional al que pertenece. AFIP ha hecho lo propio, y comenzó a requerir que los contribuyentes completen este régimen informativo, exigiendo la presentación del formulario F.8096. Se trata de una declaración jurada relativamente sencilla, pero cuyo incumplimiento puede conllevar multas significativas.
De lo expuesto precedentemente, se resalta la importancia tener al día ambos regímenes informativos, evitando de ese modo multas exorbitantes o bien tener que cumplimentar requerimientos de AFIP al respecto en plazos muy perennes, con las dificultades que pueden conllevar el tener reunir información de las compañías vinculadas y la UEC.
[1] BEPS: por sus siglas en inglés, Base Erosion and Profit Shifting, o plan para evitar la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios, publicado en 2015.
[2] OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).